La comunidad de personas con discapacidades del desarrollo de California está en crisis, pero pocos fuera de esa comunidad son conscientes de ello. Eso tiene que cambiar rápidamente, antes de que las cosas empeoren aún más.

El apoyo a los aproximadamente 280.000 discapacitados del estado ha disminuido hasta tal punto que algunos ya no reciben los niveles de servicio que se exigen a nivel federal, y mucho menos lo que una sociedad civilizada debe a sus miembros más vulnerables. El declive es desgarrador no sólo para esas personas, sino también para sus seres queridos y quienes ayudan a cuidarlos y apoyarlos.

El problema es la falta de dinero, como en tantos otros ámbitos. Pero esto es diferente, tanto en calidad como en grado, de, por ejemplo, los empleados públicos que quieren un aumento.

La frugalidad del gobernador Jerry Brown ha sido necesaria y bienvenida, pero los servicios para los discapacitados han estado disminuyendo desde la década de 1990, mucho antes de la Gran Recesión. Luego, durante la recesión, la financiación se redujo en más de 1.000 millones de dólares. Los porcentajes de reembolso del Estado por los servicios apenas han variado en dos décadas, mientras que los costes de la prestación de servicios no han dejado de crecer. El número de casos se ha disparado en los 21 centros regionales del Estado que se encargan de gestionar los servicios. Las organizaciones sin ánimo de lucro que se supone que prestan servicios como el desarrollo de habilidades y la formación laboral se han visto reducidas en gran medida a la atención de personas en algunos casos, porque no pueden contratar y retener a profesionales cualificados cuando no pueden pagar más que el salario mínimo.

Estamos hablando de nuestros conciudadanos más vulnerables, aquellos cuya calidad de vida depende en gran medida de la financiación estatal. Por lo general, no pueden ayudarse a sí mismos cuando los servicios se quedan cortos.

Un informe preparado por la Asociación de Agencias de Centros Regionales (ARCA) se titula sin rodeos «Al borde del colapso: Las consecuencias de la infrafinanciación del sistema de servicios de desarrollo de California».

En ese informe, ARCA insta al gobernador y a la Legislatura a adoptar el enfoque de tres puntas de las Coaliciones Lanterman para reconstruir el sistema de servicios basados en la comunidad del estado para las personas con discapacidades de desarrollo:

1. Un aumento inmediato del 10% de la financiación por persona sirvió para frenar el descenso. Se trata de unos 517 millones de dólares, de los cuales 357 millones provendrían del fondo general del Estado, obteniendo 160 millones de dólares de fondos federales de contrapartida. Eso es mucho dinero, pero equivaldría a un error de redondeo en, por ejemplo, el presupuesto estatal de 65.700 millones de dólares para la educación K-12.
2. Reforma de la financiación de las tarifas de los servicios y del funcionamiento de los centros regionales para que sean adecuados y sostenibles.
3. Aumentos anuales del 5% hasta que se apliquen esas estrategias de reforma de la financiación.

Estos tres pasos están pensados para contrarrestar estadísticas como éstas:

• Desde mediados de 2011, se han cerrado 435 residencias para adultos con discapacidades de desarrollo, lo que supone una pérdida de casi 2.300 camas.
• En el mismo periodo, 57 programas de día y trabajo cerraron sus puertas, afectando a 1.200 personas.
• Y 15 programas de empleo con apoyo finalizaron, lo que supone una pérdida de 176 oportunidades de trabajo en entornos comunitarios.
• Va más allá de los números. Anecdóticamente, los conflictos han crecido a medida que los familiares se enfurecen por los servicios inadecuados.

La Ley Lanterman de Servicios para Discapacidades del Desarrollo, aprobada en 1969, estableció que los californianos con discapacidades del desarrollo (y sus familias) tienen derecho a obtener los servicios y el apoyo que necesitan para alcanzar su máximo potencial y vivir con la mayor independencia posible. Convirtió a California en líder, una posición a la que hace tiempo que renunció, ya que nuestro gasto por persona ha caído por debajo del de la mayoría de los demás estados.

Es hora de cambiar eso. Los legisladores y el gobierno de Brown deben asegurarse de que ese aumento del 10% de la financiación se incorpore al presupuesto estatal del próximo año.

Artículo original: https://www.chicoer.com/opinion/20150322/editorial-state-must-improve-on-services-for-developmentally-disabled